El informe "Nicaragua: una crisis de derechos humanos sin resolver: análisis de las detenciones arbitrarias, procesos judiciales sin garantía y persecución política”, publicado este 7 de julio por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, señala que entre el 18 de abril de 2018 y el 13 de febrero de 2020, se registraron un total de 657 detenciones a opositores. 

Según Raza e Igualdad, de ese total 565 fueron acusadas formalmente en 279 procesos penales; en cambio, 92 fueron privadas de libertad durante lapsos de seis días hasta cuatro meses, a pesar de nunca haber sido acusadas formalmente, ni puestas a disposición de un juez. 

“Todo lo anterior confirma la arbitrariedad e ilegalidad de dichas detenciones”, destaca el informe.

Además señala que de todos los procesos penales realizados, 51% concluyeron en sentencias condenatorias para 288 personas presas políticas, de las cuales 192 personas (76%) fueron condenadas por períodos de 5 hasta 256 años de prisión y 96 (24%) recibieron penas de 6 meses a 4 años.

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Según Raza e Igualdad este informe está dedicado a quienes han luchado por la libertad de Nicaragua y que en muchos casos tuvieron que pagar con sus vidas su sueño de ver una Nicaragua democrática. Literal/Captura de pantalla

Cuestionan independencia en el poder judicial

El informe indica que “es sumamente preocupante que la falta de independencia judicial en Nicaragua ha derivado en graves violaciones a los derechos de las personas presas políticas, quienes han sido sometidas a procesos en los que no se respetaron las garantías judiciales, el debido proceso y derechos humanos”.

De igual forma señala que estas violaciones incluyen la falta de publicidad de los procesos, la obstaculización y hostigamiento a sus abogadas y abogados defensores; la utilización de testigos y víctimas falsas, el uso excesivo y generalizado de la prisión preventiva, entre otras.

Mayor violencia a sectores específicos

El organismo señala que "el Estado de Nicaragua es responsable de la actuación de las autoridades policiales, así como la de los grupos parapoliciales y civiles armados que actuaron de forma coordinada con las autoridades, gozando de total impunidad. Muestra además preocupación por las violaciones a los derechos humanos de las personas de la comunidad LGBTI y a mujeres.

"Las graves violaciones de derechos humanos en el caso de las mujeres, tuvieron consecuencias agravadas por su condición de género. Dichas violaciones incluyeron actos de violencia sexual como amenazas de violación, tocamientos indebidos, golpizas brutales y otras formas de violencia que constituyen graves expresiones de discriminación", expone el organismo.

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Según Raza e Igualdad de las 565 personas presas políticas, 80 eran mujeres -entre ellas, 3 mujeres trans- y 485 hombres. Literal/Captura de Pantalla

Las principales recomendaciones del organismo:

1. Adoptar medidas urgentes para garantizar la independencia e imparcialidad de jueces y magistrados de la CSJ.

2. Dar cumplimiento a la Ley 260, en lo que respecta a la independencia judicial y la obediencia de las autoridades judiciales a la Constitución.

“Para ello se debe eliminar la partidización de la estructura judicial, respetar la prohibición expresa existente de que los magistrados de la Corte y jueces participen en actividades partidarias”, dice parte del informe.

3. Reformar la Constitución, limitando la posibilidad de reelección de los Magistrados y Magistradas de la CSJ a dos periodos, la permanencia del director general de la Policía Nacional por más de un período y la permanencia del fiscal general de la República más allá del periodo para el que fue nombrado.

4. Solicitar el acompañamiento internacional de las Naciones Unidas, la CIDH u otros mecanismos regionales e internacionales para el desarrollo de un proceso de reforma, depuración y fortalecimiento del sistema judicial.

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El análisis del informe determinó que la población más afectada por la represión y criminalización han sido los estudiantes, obreros, campesinos, indígenas, periodistas, personas defensoras de derechos humanos, así como personas afrodescendientes y LGBTI. Literal /Captura de pantalla

Investigación real y acceso a las cárceles

De igual forma, el organismo pide investigar de forma exhaustiva e independiente las violaciones de derechos humanos expuestas en el informe y establecer las responsabilidades penales, civiles y/o administrativas que correspondan.

Finalmente llama a garantizar que las organizaciones no gubernamentales y organismos de derechos humanos, nacionales e internacionales, "accedan a los centros de detención para inspeccionar las condiciones de detención y trato, tanto de personas presas políticas como de personas privadas de libertad, en general".