El Relator Especial de Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación y el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortaron al Estado nicaragüenses a restablecer la libertad de expresión y otros derechos humanos.
La declaración conjunta firmada desde Ginebra, sede del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y Washington, sede de la CIDH, ocurre “frente al cierre y la cooptación gubernamental de los espacios cívicos y de participación democrática en Nicaragua”.
El exhorto lo firman Clément Voule, Relator Especial de Naciones Unidas (ONU) sobre la libertad de reunión pacífica y de asociación y Pedro Vaca Villarreal, Relator Especial de la CIDH para la Libertad de Expresión.
Ni libertad de expresión ni derechos civiles
Ambos relatores llaman a la comunidad internacional “a elevar su compromiso para brindar respuestas de respaldo a las víctimas de la crisis de derechos humanos”.
Esto es debido a las restricciones a las libertades fundamentales, que han llegado a un punto crítico en Nicaragua.
Las denuncias recibidas por los Relatores Especiales en el transcurso de este año dan cuenta de que ya no existe espacio para las voces críticas.
A la par, la estrategia de censura del régimen “se ha desplegado sostenidamente sobre cualquier persona que intente cuestionarlo y sobre todos los ámbitos de participación democrática disponibles”.
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Derecho de organización y espacio cívico aplastado
Según registros de estas organizaciones, desde abril de 2018 se han cancelado más de 2.000 personerías jurídicas de entidades de la sociedad civil –vinculadas a partidos políticos, espacios académicos y religiosos–.
El pasado julio, expertas y expertos de la ONU manifestaron su preocupación frente al cierre arbitrario de cientos de organizaciones de la sociedad civil y advirtieron que representa “un claro patrón de represión del espacio cívico”.
Asimismo, señalan que “los atentados e intromisiones ilegítimas a la libertad de los medios de comunicación es una tendencia grave que ha escalado en los últimos cuatro años”.
Cementerio de medios y veto a libertad de expresión
Ellos registran que desde 2018 se han cerrado al menos 54 medios de comunicación nacionales, y se mantiene la ocupación y confiscación de las instalaciones de los medios 100% Noticias, Confidencial y La Prensa.
“La estrategia de censura también se ha extendido a la prensa internacional, creando un cerco que dificulta y evita que circule información relevante sobre lo que sucede en el país”, denuncian los relatores.
A la vez denuncian: “En los últimos años, el Gobierno impidió el ingreso de periodistas de medios extranjeros en al menos siete ocasiones, y sacó recientemente del aire la señal de CNN en Español”.
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No queda institución de pie
“En su arremetida contra todas las formas de expresión independientes, las autoridades también han prohibido procesiones religiosas; han impedido el ingreso a territorio de académicos e investigadores”, denuncian.
Y al mismo tiempo señalan: “Han presionado para censurar y vetar a escritores; han expulsado del país a músicos; y han arrestado de forma violenta a sacerdotes y otros líderes religiosos críticos”.
“Los ataques, la persecución judicial y la activación de mecanismos de control y vigilancia en contra de periodistas, defensores de derechos humanos, actores de la sociedad civil, académicos, estudiantes, integrantes de la Iglesia Católica, partidos políticos y personas opositoras al gobierno no sólo representa una violación manifiesta de los derechos humanos y los principios de un Estado de Derecho, sino que además tiene un impacto humanitario”.
Relatores de ONU y CIDH.
Abogan por presos políticos y exiliados
Actualmente, según la información documentada por el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) de la CIDH, la cifra de personas presas políticas se eleva a más de 200.
Muchas de ellas se encuentran en condiciones de insalubridad, sin acceso a atención médica adecuada, sometidas a regímenes de confinamiento solitario e impedidos de recibir visitas de sus familiares, entre otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, denuncian.
Por todo ello los relatores llaman a cesar la persecución judicial a todas las voces críticas, liberar a los presos políticos, investigar a autoridades violadoras de derechos humanos, respetar los derechos civiles y la libertad de expresión.
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“El cierre y la cancelación masiva de organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación pone en evidencia la cooptación gubernamental del espacio cívico y la intención de consolidar la narrativa oficial como el único discurso permitido, que se profundiza con estrategias de propaganda oficial y presiones para que ésta sea replicada”.
Relatores ONU y CIDH.
A la vez demandan a los Estados “ofrecer protección y asistencia humanitaria a los distintos actores de la sociedad civil nicaragüense que se ven forzados al exilio en el contexto de la crisis social, política y de derechos humanos”.
