Según el informe “Libertad de Expresión y de Prensa en Nicaragua, Bajo pandemia y Represión”, presentado por el Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO), desde 2018 el gobierno de Nicaragua ha cometido numerosas violaciones a la libertad de expresión y prensa, mismas que han aumentado entre 2019 y 2020.
Entre las agresiones contra periodistas detallan ataque y confiscación arbitrario de medios independientes; agresiones y ataques a periodistas en el ejercicio de su labor; vigilancia e intimidación; juicios y acusaciones infundadas; persecución y exilio.
El informe expone que la crisis sanitaria por coronavirus, redobló más la carga represiva que el gobierno mantenía sobre el periodismo independiente desde abril de 2018, cuando estallaron las protestas sociales.
“La nueva modalidad represiva del régimen contra los reporteros bajo la epidemia ha sido el asedio, agresiones, acoso judicial con denuncias de injurias y calumnias, y terrorismo fiscal aplicando cobros tributarios falsos y excesivos con la intención de apropiarse de los pocos medios independientes que subsisten en el país”.
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Agrega que en los primeros tres meses de la pandemia, predominaron las agresiones y ataques, contra los periodistas seguido del lenguaje estigmatizaste y la implementación de campañas sistemáticas de desprestigio en las redes sociales.
Judicialización como forma represiva
El documento expone que la modalidad de juicios por injurias y calumnias ha comenzado a ser usada contra los periodistas independientes como herramienta de censura y acoso judicial en Nicaragua.
Entre los periodistas que han sido demandados están Kalúa Salazar jefa de prensa de Radio La Costenísima y David Quintana del Boletín Ecológico.
Al respecto, Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expresó a CINCO que “esto (judicialización), parece ser una nueva etapa en la que se recurren a este tipo de denuncias. Esto se agrava cuando el Poder Judicial no ha dado muestras de independencia del poder que ejerce Daniel Ortega y Rosario Murillo. Preocupa porque puede terminar con periodistas en prisión”.
Censura y autocensura
CINCO señala además, que la censura y autocensura no son nuevas ni recientes en Nicaragua.
“Durante los últimos diez años, el gobierno Ortega-Murillo utilizó diversos mecanismos de presión para obligar a periodistas y medios de comunicación independientes a autocensurarse para evitar acciones de represalia”, señala el informe.
Explica que algunos de los mecanismos más utilizados en contra de los medios fueron la vigilancia y acoso fiscal, y las amenazas e intimidaciones, práctica se agravó a partir de abril de 2018 cuando el gobierno ordenó ejecutar una política de silenciamiento a la prensa a fin de impedir que se informara sobre las protestas y la respuesta represiva del gobierno.
“Durante 2019 y los dos primeros trimestres de 2020, la práctica ha mutado al acoso judicial lo que obliga a algunos periodistas a autocensurarse para evitar demandas”, refiere el documento.
Denuncia también, que los medios de comunicación de línea crítica reciben constantemente visitas de supervisión y control de la Dirección General de Ingresos (DGI), y del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). Por otro lado, la reciente aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros y el ante proyecto de Ley Especial del Ciberdelito.
Entorno virtual para resistir
El informe de CINCO, menciona que el entorno virtual, sobre todo las redes sociales, se han convertido en canales de salida y distribución determinantes para la producción noticiosa de medios nativos digitales y medios tradicionales.
“En especial, los medios tradicionales, como Radio Corporación, La Prensa, el programa Esta Semana, han volcado sus esfuerzos totales a las plataformas digitales para informar y vencer la censura.”
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Enfatiza que algunos medios se han convertido en la marcha en medios digitales desde el exilio y dentro de Nicaragua, habilitando cuentas YouTube a las que el gobierno ha encontrado una nueva forma de censura: denunciar a las plataformas de periodistas independientes por derechos de autor, y de esa manera intenta callarlos.
El informe concluye que el ahogo de los medios de comunicación independientes en Nicaragua “sigue una estrategia diseñada desde lo más alto del gobierno. Las cortapisas que de facto habían puesto a la libertad de prensa, ahora pretenden legalizar. Esto sienta un precedente nefasto para las libertades públicas en el país”.
