La iniciativa de “Ley Especial de Ciberdelitos”, promovida por los diputados de la bancada sandinista de Nicaragua, tiene como finalidad encarcelar y multar a los ciudadanos, periodistas y medios de comunicación que según el gobierno del país, compartan información “falsa o tergiversada” y que además “incite al odio y a la violencia”, dentro y fuera del país.
Las penas sobre los denominados delitos cibernéticos, van desde 2 hasta 10 años de cárcel y hasta 800 días multa.
Según el documento firmado por más de 60 diputados, con esta iniciativa se busca “la prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos cometidos por medio de las tecnologías de Información y la Comunicación en perjuicio de personas naturales o jurídicas, así como la protección integral de los sistemas que utilicen dichas tecnologías su contenido”.
Atenta contra la libertad de información
Esta iniciativa de ley, ha sido catalogada por opositores al régimen de Daniel Ortega como inconstitucional porque vulnera el derecho de opinión, expresión y privacidad de datos. Además, es considerada como una ley que amenaza a todos los trabajadores del Estado que filtren cualquier tipo de información que esté bajo su custodia.
Para Abigail Hernández, de la Comisión Ejecutiva de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), los periodistas nicaragüenses deben seguir resistiendo.
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“Las presiones a los medios de Comunicación y a los y las periodistas no son de 2018 a la fecha, sabemos que desde 2007 el régimen sandinista entró siguiendo una estrategia de acorralamiento, de asfixia económica, de persecución”, afirmó la periodista.
Al mismo tiempo hizo un llamado a los ciudadanos a pronunciarse, pues a su criterio deben saber que los periodistas nicaragüenses no luchan por puestos de trabajo, si no, por el derecho a la información.
Régimen expuesto
“Seguiremos resistiendo, seguiremos en pie”, advirtió Hernández y aseguró que desde PCIN estarán haciendo una revisión de esta iniciativa de ley y una propuesta anterior denominada “Ley de Agentes Extranjeros”, presentada por el régimen de Ortega.
La periodista apuntó que esta iniciativa de ley expone al régimen de Ortega, “como lo que es y como lo que ha sido en la última década (…), el Frente Sandinista, siempre ha sido enemigo de las libertades públicas, del derecho de la información de la ciudadanía, de la libertad de prensa y del respeto a los derechos humanos y civiles de hombre y mujeres en este país”.
Abrao también se pronuncia
Por su parte, Pablo Abrao, ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), escribió en su cuenta de Twitter: “Ojo: nueva iniciativa de Ley en #Nicaragua abre brecha para criminalizar ciudadanos y periodistas vía tipos penales vagos como el uso de las “tecnologías” para divulgar “información falsa o tergiversada que produzca alarma, temor o zozobra”.
Intervención de equipos y extradición
Finalmente, la ley autoriza a la Policía y al Ministerio Público, previa orden judicial, a que “puedan intervenir los sistemas y equipos utilizados en la comisión de estos delitos, así como los procedimientos de incautación y depósito de sistemas informáticos o dispositivos de almacenamiento de datos”.
Además, contempla la posibilidad de extradición de nacionales que se encuentren en el extranjero y según el gobierno cometan un delito cibernético.
“Para efectos de la extradición relacionada a la comisión de los delitos tipificados en la presente Ley, a falta de tratados o convenios internacionales de los cuales la República de Nicaragua sea Estado parte, las condiciones, el procedimientos y los efectos de la extradición estarán determinados por los dispuesto en el Código Procesal Penal, lo cual se aplicará también a los aspectos que no hayan sido previstos por el tratado o convenio respectivo”.
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Más represión
En tanto, Gonzalo Carrión defensor de derechos humanos, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, refirió que en menos de un mes el régimen de Daniel Ortega ha presentado tres iniciativas de ley que aumentan los niveles de persecución y de represión para ahogar las expresiones de rebelión cívica.
Carrión advirtió, que la finalidad de la Ley Especial de Ciberdelitos, es continuar “la persecución de las voces ciudadanas que utilizan las redes sociales, para denunciar a la dictadura, incluso persiguen a la gente que tienen trabajando y que revelan información pública considerada por la dictadura como reservada”.
El defensor de derechos humanos, refirió además, que la sociedad nicaragüense ha ido conociendo todo lo que el gobierno hace, gracias a que los empleados públicos han venido informando. Carrión lamentó que con esta ley “va a ser prohibido pensar y peor informar”.
