Desde abril 2018, con mucha frecuencia los medios nacionales informan sobre contundentes resoluciones de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o la Organización de Naciones Unidas (ONU), sin embargo es cada vez más frecuente que la ciudadanía exprese en redes sociales que estas resoluciones no significan cambios para el país y no traen ningún beneficio.
Las resoluciones de estos organismos que condenan los abusos de poder del régimen son de carácter deliberativo o no vinculantes, lo cual se puede traducir a que ejercen presión y ubican al país en el radar internacional, pero no traen consigo consecuencias que obliguen directamente al régimen a acatar lo solicitado.
El abogado y especialista internacional en derechos humanos Uriel Pineda, refirió a Literal que los tratados internacionales de Derechos Humanos suscritos por Nicaragua, son vinculantes para el país, es decir de cumplimiento ineludible, entre ellos los Pactos y la Convención Americana de Derechos Humanos.
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Agregó que “en lo que respecta al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, se encuentran en un plano recomendatorio”, es decir de carácter no vinculante.
Sin embrago, Pineda destacó que lo observado en sos pronunciamientos por la Comisión Interamericana bajo ninguna circunstancia puede descalificarse “porque son parte de la esencia misma de los Derechos Humanos”.
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¿Por qué existe la naturaleza recomendatoria?
El experto explicó que una de las características de los derechos humanos es la progresividad, lo que implica que lo que ayer no era considerado violatorio, hoy, a la luz de una nueva interpretación, sí se considera violación.
“El problema en Nicaragua, es que el Derecho Internacional, de los Derechos Humanos está diseñado y concebido para sociedades democráticas, con auténtica preocupación por la mejora en la calidad de vida de sus sociedades, no para mantener a dictadores en el poder”, señaló Pineda.
“De ahí que las recomendaciones no hacen eco”, no solo las sugerencias y mandatos que hagan instancias internacionales, sino también instrumentos vinculantes, refirió el abogado.
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En ese sentido, Pineda ejemplificó que en Nicaragua hace 16 años la Corte Interamericana emitió la sentencia del caso Yatama, y a la fecha Daniel Ortega no ha reformado la ley electoral para garantizar la protección jurisdiccional de los derechos políticos de ese partido.
Pineda agregó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para robustecer el carácter vinculante en sus sentencias ha creado el llamado Control de Convencionalidad, “que supone que los estados están obligados a cumplir sus resoluciones, por principio de buena fe del Derecho Internacional, es decir, nadie suscribe un tratado para no cumplirlo”, finalizó.
