El periodista David Quintana, director de la plataforma Boletín Ecológico, regresará este viernes 5 de febrero al Juzgado Quinto de Managua, donde espera conocer cuál será la sentencia final del juicio por injurias y calumnias que enfrenta en función de su oficio periodístico.
Esta acusación tuvo origen en la cobertura que hizo el 17 de junio pasado, sobre un conflicto de propiedad en un barrio de Managua, que involucraba a la pareja integrada por Nelson Enrique Oporta, excamarógrafo del Canal 8 y su esposa Junieth Dávila Cruz, sus acusadores, que se sintieron ofendidos por la cobertura.
“Este juicio nunca debió haber existido, debido a que yo tengo derecho a informar”, dijo Quintana a Literal Periodismo Ciudadano.
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Agregó que después de todas las arbitrariedades del Poder Judicial de Nicaragua, contra periodistas, opositores, activistas políticos y defensores de derechos humanos, no puede esperar nada positivo porque “al régimen le molesta que la prensa independiente esté informando a la población e investigando”.
El periodista sostiene que como resultado del trabajo periodístico el régimen “toma represalias contra la prensa independiente y su plan es la represión e intimidación como lo está haciendo conmigo”, advirtió.

Múltiples arbitrariedades
En distintos momentos, Quintana ha referido que durante su juicio se han ejecutado diversos arbitrariedades como no haber recibido una citación judicial, en su debido momento.
Además la imposición de medidas cautelares similares a las que recibe un reo condenado a casa por cárcel, como no salir del país y firmar un acta de presencia cada 15 días lo que le provoca un desgaste físico y mental.
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Organismos nacionales e internacionales como la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) y la recién clausurada PEN Nicaragua (Periodistas y Escritores Internacionales), han llamado al régimen de Nicaragua a cesar el acoso, hostigamiento y judicialización de periodistas independientes.
Sin embargo esta petición no ha tenido eco y a la fecha ya existe una condena por injurias en contra de Kalúa Salazar, jefa de prensa de Radio La Costeñísima y decenas de denuncias de agresiones y amenazas contra el gremio independiente.