En medio de una jornada de acoso y asedio policial, una juez de Bluefields aceptó una acusación por injurias y calumnias y mandó a juicio a la periodista Kalúa Salazar, jefa de prensa de Radio La Costeñísima, en el Caribe Sur de Nicaragua.
Tal acción judicial dictada este 19 de agosto contra la periodista independiente, generó reacciones de condena por parte de medios de comunicación y periodistas nicaragüenses.
La organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) denunció ante la opinión pública, organismos de derechos humanos y periodistas nacionales e internacionales que en la víspera de la audiencia, la policía orteguista asedió las instalaciones de esta emisora y las casas de habitación del personal de la radio.
PCIN responsabilizó al régimen Ortega-Murillo y a sus fanáticos por lo que pueda ocurrirle física y psicológicamente a las personas que laboran en La Costeñísima.
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La organización considera que el régimen Ortega-Murillo, en su afán de anular las voces del periodismo independiente, ha declarado “la guerra” a la emisora, por la gran la audiencia que ha alcanzado, su popularidad entre la población y su posición crítica frente al poder público.
“Es evidente el interés del partido de gobierno de querer apropiarse de La Costeñísima contra toda medida legal”, dice el pronunciamiento del PCIN.
En las redes sociales, los fanáticos del gobierno aplauden la represión judicial contra la periodista y la radio y piden que la frecuencia sea asignada a periodistas oficialistas.
PCIN además denunció la judicialización política de otros periodistas críticos al régimen: William Aragón, Elsa Espinoza y David Quintana.
Kalúa a juicio en septiembre
Según el abogado Boanerge Forno Escoto de la organización de abogados Acción Penal, encargado de la defensa de la comunicadora, la juez del proceso admitió la acusación para que el próximo 23 de septiembre inicie el juicio contra la periodista.
Ella es acusada por injurias y calumnias en supuesto perjuicio de tres funcionarias de la alcaldía de El Rama.
El abogado Denis Báez, representante de las mujeres ligadas al partido de gobierno, Frente Sandinista, solicitó tres medidas cautelares contra la periodista: retención migratoria para que no salga del país, viligancia policial permanente para evitar que salga a hacer su trabajo periodístico y control judicial para que se presente periódicamente ante los tribunales.
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La juez no admitió estas condiciones.
Kalúa Salazar, al salir de los juzgados, dijo a los medios de comunicación que la acusación obedece a una represalia contra Radio La Costeñísima.
Esta emisora privada denuncia constantemente las precarias condiciones de vida de la comunidad, el abandono institucional a las comunidades indígenas y las violaciones a los derechos humanos de los pobladores de esa localidad, entre otras noticias locales y nacionales.
