El informe temático “Personas privadas de libertad en Nicaragua” en el contexto de la crisis de derechos humanos en Nicaragua, preparado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señala que los reos políticos han enfrentado violaciones a sus derechos humanos, falta de información sobre su situación jurídica y actos de hostigamiento que tienen por finalidad prohibir la organización política y la manifestación social por órdenes de los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Mediante un foro virtual, Antonia Urrejola, presidenta de la CIDH, destacó que entre los principales hallazgos de este informe está que desde el 18 de abril de 2018, al menos 1,614 personas han sido privadas de libertad en el contexto de la crisis de Nicaragua.
Urrejola destacó “que el número podría ser exponencialmente mayor”, debido a diferentes factores, entre ellos las detenciones que no son reportadas por el Estado, realizadas por grupos de civiles armados o porque las víctimas han evitado denunciar su caso por temor a represalias.
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Tratos crueles y degradantes
La Comisionada indicó que en el documento se ha registrado que las detenciones han ocurrido en diferentes modalidades de manera masiva, selectiva y múltiple con usos excesivo de la fuerza y bajo la práctica de tratos crueles y degradantes. Algunos de los cuales podrían alcanzar el umbral de la tortura.
Urrejola planteó que en Nicaragua, además de las secuelas directas de la privación de la libertad, las personas encarceladas son víctimas de constantes amenazas, asedios, agresiones y campañas difamatorias por parte de simpatizantes oficialistas y de la Policía.
De igual forma refirió que existen afectaciones emocionales, físicas y económicas para las víctimas y sus familias.
No hay investigación
Según Urrejola hasta la fecha el Estado de Nicaragua no ha investigado las graves violaciones cometidas, tampoco la investigación y sanción a los funcionarios responsables de las graves violaciones a los derechos humanos.
El documento hace un insistente llamado al Estado a “poner en libertad a personas que han sido detenidas en el contexto de las protestas o de incidencia política y el deber de cesar de inmediato las detenciones arbitrarias e ilegales de quienes participan de las protestas o manifestaciones contra el gobierno.”
Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial declaró que en Nicaragua hay Elecciones Nacionales el próximo 7 de noviembre y lo que el país pide es “la liberación de los presos políticos, la restitución de las libertades democráticas y una verdadera reforma electoral”.
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Abuso y maltrato a familiares de presos políticos
Por su parte, Brenda Gutiérrez del Comité Pro Liberación de Presos Políticos lamentó que a raíz de abril 2018 se han visto una serie de patrones como es la falta de información a los familiares de presos políticos y la violación a sus derechos humanos.
Gutiérrez señaló que “muchos de los presos políticos fueron recluidos en sistemas penitenciarios, instalaciones públicas y cárceles clandestinas con el objetivo de que sus familiares no dieran con su paradero”.
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Finalmente Gutiérrez hizo un recuento de las violaciones a los derechos humanos de los familiares de presos políticos y destacó que estos son presentados como reos comunes y se les fabrican causas. De igual manera la negativa de visita a sus familiares para ver a sus familiares, requisas a paquetes y robo de productos.
Además de ambiente de hostigamiento en contra de los familiares y tratos humillantes como el obligarlos a desvestirse delante de oficiales de policía para poder ingresar a las visitas.
