Un informe regional de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), publicado este primero de abril desde su sede en Miami, Estados Unidos, ubicó al periodismo nicaragüense en una de las tres peores condiciones en América Latina, junto a Cuba y Venezuela.
Las conclusiones de Christopher Barnes, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa y de Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, es que la situación de libertad de prensa en el último semestre en cada país de las Américas sigue siendo difícil, pero empeora en algunos países.
El informe de la SIP resalta el trabajo de medios de comunicación y periodistas para sortear medidas impuestas por gobiernos para contrarrestar la pandemia del COVID-19, “la violencia que ha cobrado la vida de nueve periodistas, el encarcelamiento de reporteros en Cuba y Venezuela, y las agresiones contra la prensa durante las protestas sociales en Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Haití”.
Prensa en tiempos de Covid-19
Respecto a la cobertura de los medios de la región al coronavirus, la SIP destaca su satisfacción: “Porque en la mayoría de los países del continente y pese a los estados de emergencia nacional, cuarentenas, toque de queda y otras medidas para controlar el COVID-19, los gobiernos han respetado las garantías constitucionales y principios internacionales sobre libertad de prensa y expresión, para que los medios de comunicación y periodistas cumplan con su labor indispensable”.
Al respecto, la SIP señala que en Aruba, Chile, El Salvador y Trinidad y Tobago “los gobiernos impusieron algún tipo de restricción al flujo de noticias, aunque, igualmente, la prensa se esforzó para mantener informadas a sus comunidades”.
Nicaragua entre los estados de excepción
“Lamentablemente en Cuba, Nicaragua y Venezuela los gobiernos mantuvieron estados de excepción contra el periodismo independiente que obligan a seguirlos clasificando como regímenes autoritarios”, señala el informe de la SIP, quien califica la situación en Nicaragua como “estado de sitio”
“En Nicaragua continúa vigente un estado de sitio, en el cual el gobierno de Daniel Ortega no permite reuniones en espacios públicos, incentiva a agentes policiales y grupos parapoliciales para que ataquen a medios y periodistas, a la vez que mantiene un duopolio de medios a manos de familiares de la pareja presidencial”.
A continuación, Literal Periodismo Ciudadano presenta textualmente el informe referido a Nicaragua y hecho público el pasado 28 de marzo en el sitio web de la organización.
La situación de la libertad de prensa, la política y la económica no ha mejorado en este período.
El país vive un estado de sitio. La Policía Nacional o “policía orteguista” no permite ninguna reunión en espacios públicos, en los centros comerciales y ataca con énfasis a los periodistas que cubren estos eventos, robándoles sus cámaras y teléfonos celulares.
Esta represión le atrajo a la Policía severas sanciones implementadas por el Departamento del Tesoro de los EE.UU.
Hubo pocas excepciones positivas como la devolución de los insumos de La Prensa, un embargo suspendido después de 500 días, gracias a la mediación del nuncio apostólico monseñor Waldemar Sommertag.
El gobierno también liberó a 91 presos políticos el 30 de diciembre de 2019 y 9 más el 14 de febrero. Aún están presos 59 reos políticos.
A 19 meses para las elecciones generales, el secretismo no ha mejorado.
La hegemonía de los medios de comunicación del gobierno y de la familia presidencial sigue dominando, pese a su escasa audiencia.
Las sedes y equipos de medios confiscados hace un año, como Confidencial – los programas Esta Noche y Esta Semana – y 100% Noticias no han sido devueltos. Se les mantiene la prohibición de transmisión abierta y por cable.
Desde la segunda semana de marzo la señal de YouTube de 100% Noticias está clausurada por el gobierno, luego que Canal 4, de propiedad de la familia del presidente Ortega, presentó 44 quejas por publicaciones entre 2013 y 2015.
100% Noticias tomó muchas de sus publicaciones de los canales oficiales u oficiosos, como Canal 4, los únicos a los que el gobierno autoriza a publicar información oficial.
La fundación Violeta B. de Chamorro hizo un estudio sobre la Ley de Acceso a la Información Pública en 65 instituciones del Estado. 57 tienen su página web, pero solo 26 tienen un enlace a Oficina de Acceso a la Información.
Se hicieron 57 solicitudes de información en línea y solo tres recibieron respuesta. De 31 solicitudes físicas solo cuatro recibieron respuesta. Se observó que la propaganda partidaria es lo más destacado de estas páginas web y carecen de información.
Agresión física y asaltos
El 25 de febrero, al celebrarse el 30 aniversario de la derrota de Ortega por Violeta de Chamorro, se formó una coalición opositora que organizó piquetes en diferentes lugares que fueron atacados por la Policía, la que también atacó a los periodistas.
La vicepresidente, Rosario Murillo, también sancionada por EE.UU., ordenó a la Policía aumentar el patrullaje en las principales ciudades para impedir “cualquier intento perverso de querer alterar la paz”. Mientras Murillo hablaba, más de 100 policías antimotines agredían a seis periodistas en el Centro Comercial Metrocentro.
Jaime Arellano, comentarista de televisión y Lolo Blandino convocaron a una marcha. Como respuesta la Policía rodeó sus casas sin permitir a ninguna persona salir o entrar por cinco días. La Prensa también ha sido asediado por varias patrullas de la Policía antimotines que permanecen frente a sus instalaciones, pero no han detenido a ninguna persona.
En la misa de cuerpo presente del poeta y sacerdote Ernesto Cardenal, turbas sandinistas agredieron a los religiosos y golpearon a varios periodistas como Ham Lawrence de Managua Investiga quien debió ser hospitalizado.
La Fundación Chamorro informó que ha identificado 21 nuevas plataformas informativas en versión digital después de la rebelión cívica de 2018.
