De acuerdo con la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES), la falta de transparencia y acceso a la información “genera un contexto de incertidumbre que dificulta la toma de decisiones de la ciudadanía” nicaragüense.
Así lo explica el nuevo informe de coyuntura, en el que se expuso una actualización de las proyecciones económicas de Nicaragua y otros temas de interés nacional.
En el marco del Capítulo III “La democracia en el mundo en tiempos de pandemia”, FUNIDES recopiló brevemente las diversas situaciones que han enfrentado los países del mundo en cuanto al tema de la transparencia y acceso a la información.
Sobre Nicaragua, FUNIDES resaltó que “en el contexto de la pandemia, varios medios de comunicación han denunciado limitaciones para acceder a la información pública sobre el número de contagios”.
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Repuestas de la sociedad civil nicaragüense ante la falta de información
También agregó que “ante la falta de información han surgido iniciativas de la sociedad civil para llevar un registro ciudadano de los casos de COVID-19 y brindar medidas de prevención”, pero que esas organizaciones también han denunciado ser víctima de una “política de represión y vigilancia extrema”, para evitar que los mismos puedan compartir datos sobre la pandemia.
“En este contexto, el gremio médico ha denunciado ser víctima de despidos por expresar posiciones críticas sobre la gestión del sector público en relación a la pandemia”, agregó el informe.
El apartado sobre la situación de Nicaragua concluyó que esta situación “genera afectaciones a la libertad de asociación y expresión del personal médico; lo cual contribuye al deterioro del Estado de Derecho”.
Violaciones a la libertad de prensa en el contexto del COVID-19
Por otro lado, el informe publicado en mayo 2021 recapituló que el Instituto Internacional de Prensa ha documentado aproximadamente 473 violaciones a la libertad de prensa. “Esto incluye arrestos e investigaciones penales, restricciones al acceso de la información, ataques físicos a periodistas, censura de sitios web de noticias y regulaciones excesivas sobre ‘noticias falsas'”, enumeró FUNIDES.
Asimismo, el informe ejemplificó cómo esos problemas se han manifestado de distintas formas.
“Una de ellas ha sido la falta de divulgación proactiva sobre el número de personas contagiadas, recuperadas y fallecidas por COVID-19 en varios países”, describió FUNIDES tomando como ejemplo el caso de Brasil y República Dominicana, países en los que la cifra de personas contagiadas dejó de publicarse en los boletines sanitarios por órdenes y decretos de las autoridades.
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Retrasos para divulgar la información
“En algunos casos, la información ha dejado de publicarse a tiempo, lo que ha tenido un impacto adverso en la cobertura mediática de la pandemia”, continuó afirmando el informe.
Para esta situación se avalaron del caso de Hungría, Argentina, México, Colombia y Estados Unidos, lugares en los que se prolongaron los plazos establecidos por la ley para publicar información sobre el COVID-19 o simplemente demoraron respuesta a solicitudes de información.
Trabas al periodismo independiente
Finalmente, FUNIDES abordó la criminalización de la “desinformación”, hecho que afecta “el trabajo de los medios de comunicación independientes. En este último punto, retomaron el caso de Bolivia donde el Gobierno firmó un decreto que tipifica como delito “desinformar o generar incertidumbre”.
También, comentaron el ejemplo de Irán, Filipinas e India, donde han arrestado a médicos y periodistas independientes por difundir lo que sus Gobiernos y autoridades estatales consideran noticias falsas sobre la pandemia. Por último, mencionaron a Jordania y Marruecos donde se ha suspendido la impresión y venta de periódicos bajo la justificación de reducir el ritmo de contagio.
