Por tercera vez desde la rebelión cívica de 2018, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió una resolución sobre la grave crisis de derechos humanos que enfrenta Nicaragua, misma que ha sido negada incontables veces por los representantes del régimen ante ese organismo.
La primera resolución de la ONU en el contexto de violencia en el país, fue el 21 de marzo de 2019, en esa oportunidad la resolución fue adoptada con 23 votos a favor, 3 en contra y 21 abstenciones.
En esa oportunidad el Consejo también denunció las restricciones a la libertad de prensa y de manifestación pacífica, además la falta de garantías para los defensores de derechos humanos.
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Luego de esta resolución, el 19 de junio de 2020, la ONU aprobó otra resolución denominada “Promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua” misma que fue aprobada con 24 votos a favor, 4 en contra y 19 abstenciones.
Finalmente este 23 de marzo con 20 votos a favor, 18 abstenciones y 8 votos en contra, el Consejo de Derechos Humanos aprobó el proyecto de resolución “Promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua”.
Estas resoluciones han dejado en evidencia que el régimen de Daniel Ortega sigue sin respaldo mundial, pues de los 47 votos de los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos, solo 8 lo apoyaron: siendo Rusia y China los de mayor peso, teniendo en cuenta que Bolivia, Cuba y Venezuela lo han respaldado siempre.
A su vez, la falta de apoyo de los países que forman el Consejo de la ONU, muestra que a casi tres años de las protestas de abril 2018, el discurso del régimen que presentaba las protestas cívicas como un ” fallido golpe de estado”, de parte de la disidencia, no ha sido creído, pues existen centenares de pruebas mostradas por los organismos de derechos humanos, periodistas y activistas de lo que se vivió en el país.
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Preocupación por la situación electoral
En el último informe el Consejo de Derechos Humanos “insta al Gobierno de Nicaragua a que entable negociaciones significativas e inclusivas con la sociedad civil y los partidos y grupos de la oposición, y trabaje con las organizaciones internacionales para aprobar, a más tardar en mayo de 2021 como indica la Organización de los Estados Americanos (OEA)”.
También el Consejo enfatizó en la necesidad de la celebración de elecciones libres, justas, transparentes y creíbles de conformidad con las obligaciones y normas internacionales.
“Es esencial para encontrar una solución pacífica y democrática a la crisis de derechos humanos en Nicaragua, como también lo es la participación sin trabas de la oposición política y de observadores electorales nacionales e internacionales independientes”, refirió el Consejo.
Asimismo, señaló que observa “con gran preocupación” la falta de avances del régimen de Nicaragua en la realización de reformas electorales e institucionales destinadas a garantizar unas elecciones libres, justas y transparentes.
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Aplicar recomendaciones de organismos
El Consejo además solicitó al régimen del país, un plan de acción con plazos definidos para aplicar las recomendaciones formuladas por los mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos, incluidas la oficina de la Alta Comisionada Michelle Bachelet.
Al mismo tiempo, los Estados miembros mostraron preocupación por la persistencia de las restricciones del espacio cívico y la represión de la disidencia con actos de intimidación, hostigamiento y vigilancia ilegal o arbitraria contra las voces disidentes.
Además de la aprobación de leyes arbitrarias como la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, la Ley de Ciberdelitos y la Ley de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz.
Hicieron un llamado a que se autorice las manifestaciones pacíficas y públicas, se tome acciones sobre las arbitrarias que restringen los derechos a las libertades de expresión y de asociación, a la vida privada y a participar en la dirección de los asuntos públicos.
“Exhortamos al Gobierno de Nicaragua a que deje inmediatamente de recurrir a las detenciones y reclusiones arbitrarias y ponga en libertad sin condiciones a todas las personas recluidas arbitraria o ilegalmente”, indican en la resolución.
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Abogan por las organizaciones de sociedad civil
Finalmente, la resolución destaca que en Nicaragua hay un creciente número de organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación independientes que se ven obligados a cesar sus actividades debido a las restrictivas limitaciones administrativas y financieras impuestas por las reformas legales aprobadas desde 2018.
Solicitaron al régimen de Daniel Ortega a devolver las personerías jurídicas a las organizaciones de sociedad civil suspendidas en diciembre de 2018 junto a los activos incautados.
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Nicaragua con mira internacional
Es importante recordar que si bien las resoluciones emitidas por organismos internacionales de derechos humanos como la ONU, son de carácter deliberativo y buscan incidir ante los estados miembros sobre situaciones puntuales, estas tienen efecto, ya que fijan como agenda internacional lo que acontece en el país.
Además, por primera vez en los últimos 15 años, hay más presión internacional y ojos fiscalizadores sobre los procesos electorales de Nicaragua, luego de varios comicios fraudulentos tanto en elecciones nacionales como municipales.
