Según el tercer Informe de Urnas Abiertas, organización que monitorea una radiografía de la persecución judicial contra la oposición de Nicaragua, el régimen de Nicaragua ha hecho uso de manera autoritaria de toda la estructura estatal para atentar contra los derechos políticos y electorales de organizaciones civiles, medios de comunicación y aspirantes a la presidencia del país.
Señalan que la persecución judicial destaca cuatro características principales:
1. Desvío de poder de la función judicial
2. Colusión entre el Sistema de justicia penal y el Poder Ejecutivo
3. Persecución de magnitud relevante
4. Fines extrajudiciales
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721 hechos de violencia
El observatorio refiere además que “entre el 1 de octubre de 2020 y el 31 de mayo de 2021 se han cometido 721 hechos de violencia política en el contexto electoral”.
En ese sentido, destacan que el 20 de mayo, después de las cancelaciones arbitrarias e ilegales a los partidos políticos Partido Restauración Democrática (PRD) y Partido Conservador (PC), se dio inicio a una nueva modalidad de represión contra la oposición electoral.
“Se trata de la persecución judicial contra la oposición”, indica el documento y agrega que la judicialización de la política, instrumentalización de la justicia o persecución judicial se refiere al uso abusivo del sistema de justicia con fines partidarios para inhabilitar o debilitar a oponentes políticos mientras se da una apariencia de legalidad a través del cumplimiento de leyes irregulares.
Urnas Abiertas denuncia que entre el 2 y el 8 de junio cuatro personas precandidatas presidenciales Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro han sido detenidas arbitrariamente, junto con otras personas de su entorno laboral y/o político.
Además que Hasta el domingo 13 de junio, 9 liderazgos opositores también habían sufrido detención arbitraria en contextos de secuestro o desaparición forzada por parte de la policía entre ellos, José Adán Aguerri, Violeta Granera Padilla, José Pallais Arana y Tamara Dávila Rivas.
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Leyes contra opositores
El informe destaca además que hasta la fecha se conoce de cuatro leyes que están siendo utilizadas en la persecución judicial contra opositores:
1. Ley N° 735, Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados;
2. Ley N° 1042, Ley Especial de Ciberdelitos
3. Ley N° 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz
4. Ley N° 1060, Ley de Reforma y Adición al Código Procesal Pena.
Finalmente señalan que los datos sistematizados hasta el 31 de mayo muestran un aumento en los hechos de judicialización, que incluye a personas con procesos penales en curso, con detención judicial o citados en calidad de testigos o investigados de manera arbitraria por el Ministerio Público.
“Los hechos de judicialización empiezan a ejecutarse de manera sistemática a partir de abril, sumándose a los patrones de hostigamiento que se observan desde octubre”, destaca el informe.
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No se cumplen estándares internacionales
El observatorio destaca que las condiciones actuales respecto a normativa electoral y Derechos Humanos no cumplen con los estándares internacionales. Por lo anterior consideran que desarrollar un proceso electoral bajo estas condiciones, desembocará “en un gobierno sin legitimidad de origen, nuevamente”.
Finalmente refiere el informe que es necesario que el régimen de Nicaragua garantice las condiciones para una amplia participación, tanto para las personas votantes como para las organizaciones y partidos parte de la contienda electoral para el desarrollo de un proceso electoral libre, justo, creíble, legítimo, transparente y observado.
