Con el crecimiento de las redes sociales y el avance del internet, cualquier persona en el mundo puede opinar y expresar ideas directamente. Es lo que llamamos revolución digital: la libertad de poder expresar algo por medio de la tecnología.
Sin embargo a pesar de las avances de las tecnologías y las regulaciones de las plataformas, cada vez es común encontrar discursos de odio, agresiones verbales, amenazas y otros males más.
Lo anterior muchas veces es justificado como “uso irrestricto de la libertad de expresión” y en cierto modo contradice el derecho humano a la libertad de expresión, que promueve la libertad del individuo de expresar opiniones sin temor a represalias.
Filtros de las redes sociales no son suficientes
Si bien, las redes sociales tienen sus propias normas comunitarias y promueven libertad y respeto entre todos sus usuarios, esto no siempre se logra y hay quienes violentan estas normativas sin mayores consecuencias.
Controlar las redes sociales no es una opción y no es del todo posible, pero es necesario mantener campañas de concienciación y normas claras para que los usuarios no transgredan los derechos y libertades de los demás en nombre de la libertad de expresión.
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Alta preocupación por los discursos de odio
Un informe aprobado recientemente por la Asamblea EuroLatinoamericana (EuroLat), señala la necesidad de aprobar instrumentos armonizados contra el discurso y los delitos de odio, que respeten plenamente los principios internacionales sobre derechos humanos.
“Y aunque hay que defenderla más que nunca, bajo la figura de la libertad de expresión no puede caber todo”, dijo Oscar Darío Pérez del parlamento europeo a la cadena alemana Deutsche Welle (DW).
El informe señala que el desarrollo y la expansión del internet y las redes sociales han ampliado de forma inédita las oportunidades de ejercer libertades fundamentales, pero cuestiona quiénes deben encargarse de las amenazas que conlleva este avance tecnológico.
Lucha contra los perfiles falsos de la revolución digital
Una nota periodística de DW señala que especialistas consultados al respecto por la cadena consideran que para el continente europeo “el poner reglas claras es un papel que deben desempeñar los gobiernos”.
Agregan que si bien no se trata de poner gendarmes para la información y la expresión es la esencia misma de la democracia, es necesario atajar prácticas inaceptables. En ello ven un espacio de acción para la sociedad civil.
Respecto a los contenidos exponen que en ese continente se hace responsables a las plataformas de gestionar el riesgo que conllevan sus contenidos y de detenerlos si procede. Por otro lado, se están desarrollando técnicas para atajar la manipulación a través de identidades falsas.
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Redes sociales sin control
Actualmente en Nicaragua existe la Ley Especial de Ciberdelitos (Ley 1042), aprobada el 27 de octubre de 2020 y en vigencia desde el 30 de diciembre de ese año.
Según declaraciones oficiales, la citada ley busca poner fin a los crímenes cibernéticos como el “espionaje informático y la difusión de noticias falsa”.
Esta normativa ha sido fuertemente cuestionada por asuntos de derechos humanos: a la fecha decenas de disidentes del gobierno han sido acusados bajo esta ley.
Sin embargo desde las redes sociales se continúan cometiendo ataques y amenazas cibernéticas sin control y al margen de las leyes.